Si, un cop format un nou Govern després de les eleccions generals del passat 23 de juliol, un treballador és elegit per a qualsevol càrrec públic, podrà situar-se en excedència «forçosa». Aquesta excedència és diferent de l’excedència voluntària i s’ha de concedir amb caràcter obligatori per a l’empresa, entre altres casos, quan la persona afectada sigui nomenada o elegida per a un càrrec públic, l’exercici del qual impossibiliti l’assistència a la feina (ministres o diputats, per exemple).

Para que el trabajador pueda solicitar la suspensión del contrato por este motivo, deben cumplirse los siguientes requisitos:

• Su elección debe producirse para un cargo público en el que desarrolle una actividad política de carácter temporal.

• El ejercicio del cargo debe imposibilitar la asistencia al trabajo. En caso contrario, el trabajador podrá conciliar el cargo con su trabajo acogiéndose al permiso retribuido para el cumplimiento de un deber público y personal inexcusable. Sin embargo, si las ausencias posteriores superan el 20% de las horas laborales en un período de tres meses, la empresa puede obligarle a tomar una excedencia forzosa.

• El cargo debe ser representativo por elección o por nombramiento. Por ejemplo, se ha reconocido el derecho a este permiso a las personas "nombradas" para ocupar cargos temporales de asesoramiento a los responsables políticos.

La baja forzosa da derecho a la conservación del puesto de trabajo y al cálculo de la antigüedad durante toda su vigencia; no tiene límite en cuanto a su duración, ya que depende del tiempo durante el que se prolongue el ejercicio del cargo público.

La empresa tramitará la baja del trabajador de la Seguridad Social (durante la excedencia no cotizará) y, si desea contratar a un trabajador que sustituya al excedente durante la suspensión de su contrato, formalizará un contrato de sustitución .