Algunas empresas esconden ingresos, pero luego resulta que necesitan esos mismos fondos para realizar pagos “oficiales”, por lo que acaban contabilizando la entrada de dinero como si se tratara de un préstamo recibido, contra una cuenta de “acreedores varios”.

Esta práctica es fácilmente detectable por Hacienda. Por ejemplo, a partir de datos del sector, puede detectarse una desviación en el margen bruto de ventas (por no haber declarado algunas de ellas y, en cambio, haber contabilizado los costes directos relacionados como gasto).

Por otra parte, la propia ley regula las consecuencias de esta forma de actuar. Si la Inspección detecta que la contabilidad refleja una deuda inexistente, presumirá que se trata de una renta no declarada, por lo que el inspector considerará que el ingreso corresponde al año más antiguo de entre los no prescritos y liquidará la cuota correspondiente, más las penalizaciones y los intereses correspondientes. El contribuyente sólo podrá evitar ese coste si puede demostrar que la renta corresponde a un año ya prescrito.